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La Ley de Insolvencia en Colombia, específicamente la Ley 1564 de 2012, conocida como el Código General del Proceso, en sus artículos 531 y siguientes, establece las disposiciones legales que regulan los procesos de insolvencia de la persona natural no comerciante. Esta ley brinda un marco jurídico para la protección y reestructuración de deudas de personas que no se dedican a actividades comerciales, permitiendo la búsqueda de acuerdos de pago, la negociación con acreedores y la posibilidad de obtener un alivio financiero. La Ley de Insolvencia provee un mecanismo legal para enfrentar situaciones de crisis económica y promueve la recuperación y la estabilidad financiera de las personas naturales no comerciantes.

La Ley de Insolvencia en Colombia tiene múltiples propósitos. En primer lugar, busca regular los procesos de insolvencia para proteger los derechos de los deudores y facilitar su recuperación financiera. Además, promueve la reestructuración de deudas al facilitar la negociación con los acreedores y la búsqueda de acuerdos de pago viables. Esto permite evitar la liquidación forzada de activos y promueve la continuidad de las actividades económicas. Asimismo, la ley contribuye al desarrollo económico al fomentar la reorganización de empresas y evitar la pérdida de empleos. En resumen, la Ley de Insolvencia tiene como objetivo fundamental proteger a los deudores, impulsar la reestructuración de deudas y preservar el tejido empresarial, buscando la recuperación financiera y el bienestar económico en Colombia.

Las circunstancias que pueden llevar a una persona a no cumplir con sus obligaciones incluyen:

• Reducción de ingresos: como la pérdida de empleo, viudez o deterioro en el ejercicio de una profesión independiente.
• Aumento de egresos: por ejemplo, los gastos universitarios de los hijos.
• Malas inversiones: como negocios fracasados, esquemas piramidales o malas cosechas.
• Calamidades: como enfermedades, incapacidad, accidentes, robos, incendios o inundaciones.
• Divorcio.
• Endeudamiento excesivo: con entidades financieras o personas naturales.

Estas situaciones pueden llevar a una persona a buscar amparo en la Ley de Insolvencia como una posible solución para hacer frente a sus dificultades financieras.

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La liquidación de bienes del deudor, conocida como cesión de bienes, implica la transferencia de los activos del deudor a sus acreedores como forma de pago, lo cual permite extinguir todas las deudas, incluso si el valor de los bienes es inferior al monto total adeudado. En este proceso, los acreedores reciben una porción proporcional de los bienes del deudor en función de sus créditos pendientes. Aunque los activos pueden no ser suficientes para cubrir todas las deudas, la cesión de bienes busca lograr una distribución equitativa entre los acreedores y poner fin a las obligaciones financieras del deudor.

El plazo para la resolución de la solicitud es de 60 a 90 días hábiles. Durante este tiempo, se llevarán a cabo las investigaciones y análisis correspondientes para evaluar la viabilidad de la solicitud. Es importante tener en cuenta que este período puede variar según la complejidad del caso y la carga de trabajo de la autoridad competente. Se recomienda mantenerse informado sobre el estado de la solicitud y establecer una comunicación abierta con la autoridad correspondiente. Paciencia y comprensión son necesarias mientras se espera la respuesta.